La campaña contra los anuncios sexuales (anuncios de contactos, anuncios clasificados) triunfa en México. Es una onda bien conocida en España, como comenté el año pasado, pero esta noticia es más dramática:
Cárcel a quien publique anuncios relacionados con comercio sexual
La Jornada, 16 de marzo 2011
Los propietarios de periódicos, revistas y medios de comunicación electrónica que publiquen anuncios relacionados con la explotación y el comercio sexual purgarán condenas de cárcel sin derecho a fianza. La reforma a la ley para prevenir y sancionar la trata de personas prevé penas de 27 años de cárcel para los responsables de la contratación de anuncios sexuales. Por mayoría de 401 votos y seis abstenciones, el pleno camaral coincidió en establecer un freno a la publicidad que se difunde incluso en diarios de circulación nacional y en las principales televisoras, donde se pretende contratar a víctimas potenciales del comercio sexual.
Aquí va un comentario de un grupo que lucha por los derechos de las personas que venden sexo en México,
Prohibición de anuncios sexuales incrementará el trabajo sexual callejero
Jaime Montejo, Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 22 marzo 2011, México DF
* El espíritu humanista del decreto choca con la realidad mexicana.
* Clandestiniza la oferta de sexo comercial y la pone en manos de explotadores sexuales.
* Institucionaliza la trata sexual, a la cuál dice combatir.
Es un acierto que la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados federal institucionalice la trata de personas con fines de explotación sexual al aprobar el decreto presentado por la Comisión de Derechos Humanos de dicha institución. Esa es la buena intención del espíritu humanista del decreto, loable por cierto, que busca sancionar a quienes promueven la trata de personas a través de anuncios en medios de comunicación como la prensa escrita y el internet.
Espíritu humanista que choca con la realidad mexicana actual, donde además de la extorsión habitual de que son objeto las trabajadoras sexuales en todo el país por parte de funcionarios públicos, así como de las ganancias de su trabajo que se apropian los empresarios del sexo y de las nuevas cuotas que les ha impuesto el narcotráfico, ahora tendrán que dejar una derrama económica en “manos oscuras” que les garanticen ganarse la vida en el sexo comercial.
Según el decreto que modifica el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, incurrirá en el delito de trata de personas quien contrate los espacios o de a conocer desplegados o anuncios de ese tipo, que genéricamente incluyen la publicidad que se hace a servicios sexuales. Dicho artículo quedará como sigue: “La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley…”.
Por fin todas las fracciones parlamentarias en un acuerdo sin precedentes en el país pudieron hacer realidad los sueños de políticos con vocación proxeneta, al doblegar a quienes trabajan sexualmente por su cuenta, que contaban con la posibilidad de anunciarse en periódicos, revistas y páginas de internet, sin que mediara ningún otro explotador en dicha negociación sexual que no fuera el medio en el cuál promovían sus servicios sexuales.
Nadie niega que dichos anuncios son un gran negocio y que periódicos enteros obtien millonarios ingresos con ellos. Tampoco se cuestiona el hecho de que algunos anunciantes contraten para un solo día 50 o más anuncios en un solo periódico. No está en duda que haya otros anuncios que pretenden enganchar a jovencitas y mujeres para realizar servicios sexuales.
El asunto es que no hay un sólo tipo de prostitución como pretenden las abolicionistas feministas, católicas o cristianas, ni tampoco todas las personas que ejercen el trabajo sexual están emancipadas como lo señalan madrotas de Sullivan, Tlalpan, la merced, la zona rosa del Distrito Federal o de los nuevos centros nocturnos que se encuentran entre la calzada Lázaro Cárdenas y el zócalo del Distrito Federal.
La legislatura federal nunca quiso escuchar la voz de las trabajadoras sexuales. Tampoco les convocó para escuchar sus opiniones. Nunca consideraron el impacto funesto que dicha norma jurídica tendrá sobre la prevención del VIH/Sida. La única palabra que escucharon fue la aquellas personas que pretenden “salvar a las víctimas de la prostitución”.
El problema aquí es que no todas las trabajadoras sexuales son víctimas, como se pretende hacer parecer, ni todas son esclavas de proxenetas. Explotadas sí, como toda persona que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para ganarse la vida, en donde sea que tenga que hacerlo. Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos y civiles de las trabajadoras sexuales, conoce ambos planteamientos. Sin embargo, ambas posturas son reduccionistas y muestras sólo una parte de la realidad del comercio sexual.
Qué curioso, que una propuesta abolicionista, esa de prohibir los anuncios de contactos sexuales, facilite y promueva la trata de personas con fines de explotación sexual; así como lo hacen los operativos anti trata del gobierno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ DF), o de la PGR que terminan haciendo más clandestino el trabajo sexual, sea éste esclavo, servil, asalariado o no asalariado. Decreto y operativos policíacos que dejan en pocas manos y bien gandallas por cierto a quienes trabajan hasta hace poco por su cuenta, que ahora tendrán que vérselas con las y los impulsores de dicha iniciativa legislativa, trátese de diputadas, senadores, delegados (como Agustín Torres de Cuauhtémoc), presidentes municipales, fiscales de delitos sexuales o de fiscalías especiales anti trata sexual y jefes policíacos, para poder trabajar como en los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que perseguía a guerrilleros, luchadores sociales y trabajadoras-es sexuales, con saña y odio extremo.
Las opciones para trabajar en el sexo, serán “contratarse” con un empresario del sexo, buscar el apoyo de “enganchadores” bien relacionados con los funcionarios públicos de turno, “apoyarse” en algún legislador o recurrir al crimen organizado para poder vender servicios sexuales sin la molestia de dichas disposiciones.
Para el caso es lo mismo: mayor clandestinidad del oficio, lo que aliviará las conciencias de católicos, cristianos y feministas, al no ver lo que se hace fuera del alcance de su vista. De paso, aumentarán las cuotas de extorsión que pagan las trabajadoras sexuales y muchas tendrán que recurrir a la oferta de servicios sexuales en la vía pública, manejadas por madrotas y padrotes con una vieja escuela de explotación sexual y trata de personas. Como dice un refrán, el camino al infierno, en este caso al infierno de la trata con fines de explotación sexual, está tapizado de buenas intenciones como el decreto que modifica la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y tipifica como un delito grave la contratación de espacios publicitarios o de a conocer desplegados o anuncios de servicios sexuales.
Otra vez las trabajadoras sexuales de Porto (Portugal) están con otros trabajadores en la marcha del primero de mayo. Sigue un editorial de Alexandra Oliveira sobre la manera de estigmatizar a las mujeres que venden sexo, por parte de gente que debería saber mejor (por ejemplo los comunistas). Apunta Alexandra:
