Varias municipalidades en España han optado por esquivar los debates parlamenta-rios sobre la prostitución en sí, incluyendo la venta de sexo en las actividades prohibidas por ordenanzas cívicas sobre el uso del espacio público (la calle). Así el vender sexo parece ser solo uno de una serie de comportamientos vistos como perjudiciales a la vida urbana, lo que se llama la convivencia. Es curioso ver cuales son las ocupaciones que supuestamente afean la ciudad y molestan los demás. Mira las fotos e intenta apostar qué es lo que tienen en común. Look at the pictures and guess what these activities have in common that cause city ordinances to name them as making cities ugly and disturbing peaceful coexistence.
Aquí son las actividades a veces mencionadas como prohibidas, una mezcla de formas de entretenerse y de ganarse la vida:
pedir limosnas relaciones sexuales en coches vender cds pirateados el botellón los aparcacoches lavarse en fuentes públicos dormir en bancos ser ‘gorila’
Los grandes ayuntamientos apoyan la norma contra el sexo callejero y la mendicidad
Ramón Ferrando Valencia, 21 enero 2010, levante-emv.com
Comunitat Valenciana: Los grandes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana están detrás de la normativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que persigue la prostitución, la mendicidad, la actividad de los gorrillas o cualquier otra que perturbe la tranquilidad de los vecinos. La norma, como ayer adelantó Levante-EMV, es muy restrictiva y prevé sanciones de hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en un coche dentro de la ciudad o de 400 euros para las personas que compren música pirateada.
Un portavoz de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) explicó que una comisión mixta formada por juristas y los responsables de las policías locales de Valencia, Alicante, Castelló, Elx, Paterna y Vila-real han trabajado durante cuatro meses en la elaboración del documento que prohíbe la mendicidad, la venta callejera sin licencia, la prostitución en la vía pública o la actividad de los gorrillas. La comisión ha celebrado una quincena de reuniones desde el 17 de agosto en las que de manera exhaustiva han dado forma al soporte legislativo que necesitaban los ayuntamientos para luchar contra fenómenos como el botellón o el vandalismo.
El texto, denominado Ordenanza de Protección del Espacio Público, cuenta con una amplio respaldo político. El portavoz de la FVMP recordó que lo aprobó por unanimidad el pleno de la federación y cuenta con apoyos de municipios como “Polinyà del Xúquer de Esquerra Unida, Torrent del Partido Popular o Muro d’Alcoi del Bloc”. Jaume Bronchud, edil de Participación Ciudadana de Mislata, apuntó que “es un documento marco que acogemos con optimismo porque puede contribuir a mejorar la convivencia“. El Ayuntamiento de Torrent ya está trabajando para aplicar las normas.
La Federación Valencia de Municipios y Provincias ha trabajado a fondo el texto para que no fracase como otras iniciativas. Elena Bastidas, presidenta de la federación de municipios valencianos y alcaldesa de Alzira, señaló: “Lo hemos hecho con la máxima rigurosidad. Han participado intendentes de las policías municipales y especialistas del ámbito jurídico. Es una norma muy completa que intenta dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos planteaban. Ha sido auspiciada por todos los partidos y enriquecida desde el punto de vista técnico. Tiene un plus de garantía que posiblemente otras normas no tienen”.
La federación de municipios ha analizado normativas similares puestas en marcha con éxito en Barcelona, Lleida, Granada o Sevilla. Además, ha estudiado iniciativas como las del Ayuntamiento de Castelló contra las conductas incívicas, las de Alicante contra el botellón y los aparcacoches o las de Burriana que fija sanciones de hasta 3.000.
Elena Bastidas añadió que han previsto una gran cantidad de multas porque es “una normativa ambiciosa. No nos hemos limitado a los gorrillas o al botellón. Hemos abordado otros fenómenos que se han agravado con la crisis como la prostitución callejera. Tratamos de proporcionar normas específicas como la prohibición de lavarse en fuentes públicas o dormir en un banco“.
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Hola de nuevo, Laura. Sigo tu blog pero como te comenté me da pereza escribir en inglés, aunque lo entiendo bien. Verás, los Ayuntamientos no han esquivado los debates parlamentarios, es el propio Parlamento el que rechazó, ya en el 2007 y recientemente en Septiembre de 2009, regular la prostitución. Ante esa falta de normativas algunos Ayuntamientos, los más conservadores si me permites el comentario, decidieron ir aplicando reglamentos locales (ordenanzas) que prohibieran esta actividad en la vía pública bajo el pretexto de que resultaba molesta para la ciudadanía e impedía la convivencia ordenada. Comenzaron en Barcelona en Diciembre del 2004, y se han ido multiplicando principalmente en dos momentos, en torno a Marzo del 2009 y luego en Octubre, siguiendo al escándalo de las fotos de la boquería publicadas por el País.
Pero el problema no está sólo en la “mala imagen” que se da, sino en la financiación de los Ayuntamientos. España es un país sumamente descentralizado, en la práctica mucho más federal que Alemania (modelo europeo de E. federal). Resulta que los vicios y defectos de una administración los hemos multiplicado por tres, teniendo ahora toda una capa parasitaria de más de tres millones de funcionarios que resulta insostenible. Pues bien, los Ayuntamientos tienen el problema de que, al ser la administración más próxima al ciudadano, se les exige toda una serie de provisión de servicios que no están en condiciones de ofertar porque el dinero se queda por el camino, gran parte en el nivel autonómico pero otra en el mero pago de salarios, comisiones y subvenciones varias de dudosa utilidad pública. Entonces los entes locales se encuentran ante la tesitura de obtener fondos de donde sea, porque su deuda cada vez es mayor a la vez que las necesidades de los ciudadanos (por no hablar de las suyas propias, por definición ilimitadas). Así que en España los casos de malversación de fondos, de corrupción urbanística (caso Prenafeta y Alavedra), subvenciones a familiares (Chaves), tramas de concesión de obras públicas (Sepúlveda) o de actos del partido (Gürtel) se han ido multiplicando, saliendo a la luz muchas de ellas precisamente “gracias” a la crisis que atravesamos.
Como se ve nuestra casta política no ha tenido el menor reparo de saltarse la legalidad a la hora de llenarse los bolsillos, no dudan en emplear a la policía municipal para engordar sus arcas, son conocidos los “cupos” de multas de tráfico que deben cubrir, o aquí en Madrid son notorios el malestar producido por la multiplicación de los parquímetros o por la nueva tasa de basuras. Pues bien, los “munipas” también han recibido la orden de saquear a sectores de la población que no tributan por su actividad, como es el caso de los chinos que venden comida en la calle por la noche (salió el caso de los policías de Usera, (miradlo en 20minutos.es/noticia/244528/0/) o a las propias prostitutas. En Marzo del 2007 alcanzó gran notoriedad el caso Coslada (www.libertaddigital.com/sociedad/el-sumario-del-caso-coslada-confirma-la-extorsion-los-robos-y-el-consumo-de-drogas-1276331518/), que obligó a dimitir a un concejal y llevó a la cárcel al comisario en jefe de la policía de la localidad, si bien sospecho que la cabeza de la trama debía ser el propio alcalde. Es difícil que ignore un montaje mafioso de tal calibre, o que la policía se arriesgue tanto sin órdenes previas. Como vemos cada vez más con el famoso chivatazo a ETA (caso del bar Faisán) los de abajo no actúan sin órdenes de los de arriba.
En resumidas cuentas, estas ordenanzas no pretenden más que dar un cierto aire de legalidad a la repulsiva situación de abuso y extorsión que están perpetrando actualmente las policías municipales. En concreto en Coslada las pedían 200 euros semanales (w ww.europapress.es/nacional/noticia-coslada-prostitutas-asegura-mano-derecha-sheriff-le-exigia-200-euros-cada-semana-20080516144344.html), aquí en la zona centro de Madrid las están exigiendo entre 300 y 400 dependiendo de la zona y el turno. Las asociaciones de la zona conocen la situación y hacen la vista gorda, porque dependen de las subvenciones del Ayto, los partidos políticos saben y callan porque es una situación que se repite tanto donde gobierna la “derecha” como la “izquierda”, y las chicas no denuncian para no buscarse problemas. Pero aquí además de chulearlas, los Aytos están incurriendo en un gravísimo delito y los responsables deben responder por sus actuaciones. ¡JUSTICIA YA!
Cliente X, tan amigo del sexo como enemigo de la corrupción
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Doy mi todo mi apoyo a esta crítica y petición de justicia para las mujeres oferentes en medio abierto que hace Cliente X en este comentario.
Un saludo.